En El País del 30/04/09 salió una información sobe que la Universidad no podrá cobrar más los posgrados que dicte, citando como fuente al blog del Rector de la Universidad, Dr.Rodrigo Arocena. En dicho blog podemos ver lo que es la opinión del Rector en un tema eminentemente jurídico -lo que no es su especialidad ya que el doctorado se lo ganó en el área de las Matemáticas- sobre sí la nueva Ley de Educación implica que la Universidad debe o no ofrecer todos sus cursos de manera gratuita.
A modo de recuento para quienes no estén al tanto, la Universidad brinda todos sus cursos de grado den forma gratuita, mientras que para los cursos de posgrado hace una diferenciación entre los que son de carácter académico y los que son de carácter eminentemente profesional. En pocas palabras: los estudios por amor al arte y los estudios para capacitarse y conseguir un mejor trabajo. Es para estos últimos que la Universidad se abrió la puerta hace un tiempo, con el artículo 10 de su ordenanza de posgrado, de permitir el cobro.
Sin querer entrar en la discusión sobre si esto es adecuado o no, cabe destacar que desde entonces la Universidad ha discutido sobre si corresponde el cobro con defensores y detractores de diversos órdenes y Facultades. Los argumentos manejados son varios: que con plata se dan mejores cursos, que los profesionales lucran con la educación que se les da y están en condiciones de pagarla, que la educación no es una mercancía, etc. Dicha discusión se retomó con mucha fuerza luego de que el Dr.Arocena asumiera como Rector hace 3 años.
El País sin embargo, no informa lo que fue la votación del tema en el Consejo Directivo Central -órgano máximo de la UdelaR- que por unanimidad sacó una resolución que si bien parece falta de contenido, hace referencia a un informe de la Dirección General de Jurídica de la Universidad, donde se establece que la situación en cuanto al cobro de Posgrados no ha cambiado por la aprobación de la nueva Ley de Educación (el Rector hace alguna referencia a esto en su blog, pero restándole importancia). Esto es: si era válido cobrar antes de la nueva Ley, sigue siéndolo ahora (nadie se 'juega' a decir si era válido antes...). Básicamente el informe, elaborado por expertos en la materia, contradice la interpretación que hace el Rector de la nueva situación.
Entonces: ¿a qué juega El País? Si decide hacer una nota sobre un tema, ¿no investiga seriamente? ¿Parece razonable levantar noticias del blog del Rector sin hacer una consulta sobre la posición formal y real de la Universidad?. ¿Maldad o inutilidad?
Por otro lado hay que juzgar también las acciones del Rector, que decide manifestar su opinión como la de toda la UdelaR, desconociendo al CDC como órgano máximo de decisión, y casi que tergiversando las resoluciones para que parezca que su opinión es representativa de toda la Universidad.
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