Frankenstein

La FEUU se encuentra paralizada ante la imposibilidad de lograr que su convención junte el 60% de quorum requerido para sesionar. En las últimas 7 semanas se intentó en 8 ocasiones tener quorum, sin éxito, porque 8 centros de estudiantes que componen la FEUU (CEI, AEM, FHUCE, AUTM, AEP, CEDA, y otros 2 que no recuerdo), que no comparten la visión mayoritaria de la FEUU sobre la reforma de la Ley Orgánica, se niegan a entrar a sala para evitar que se sesione y se tomen decisiones con las que no están de acuerdo.

Antes que nada, quiero manifestar mi repudio ante este accionar. La lógica de exigir un cierto número de asistentes para sesionar en cualquier órgano representativo radica en asegurar que las decisiones no son tomadas entre gallos y medias noches con solo las opiniones de una minoría. Sin embargo, en una brutal falta de buena fe, estos centros de ¿estudiantes? usan dicho quorum como una herramienta de veto por parte de una minoría sobre una mayoría, y lo que es mejor, se adjudican la defensa de la "democracia" y acusan a la mayoría de manipular las situaciones para lograr sacar algún rédito ilegítimo.

En todo caso, la minoría puede estar discrepando con los mecanismos de elección/decisión de la misma FEUU de la que toman parte, si entienden que estos no son verdaderamente representativos. Sin embargo, el problema es de ellos, que acceden a participar de una Federación que se otorgó reglas que, para bien o mal, son claras y conocidas de antemano.

La mayoría de la FEUU (el resto de los centros) se encuentra de manos atadas y poco puede hacer si no se cambian los estatutos de la convención. Con buen criterio, señalan que la minoría discrepante se adjudica una suerte de mesianismo y verdadera representación democrática y se preguntan: ¿a quién representan estos grupos minoritarios? ¿por qué se creen que su opinión vale más?.

Pero la mayoría de la FEUU se horroriza hoy de prácticas que fueron y son comunes entre sus filas. Las retiradas de sala (o no entradas a sala) para evitar quorums en los diversos órganos que integran sus centros y sus reiteradas acusaciones a los supuestos intereses exógenos y falta de valores democráticos y representatividad de las agrupaciones que no son propias son una constante en la Federación (incluso entre los centros de estudiantes que hoy se encuentran en la mayoría circunstancial).

Me alegra ver que al menos estos días, la FEUU -en su mayoría- reconoce lo que son estrategias de boicot que, lejos de defender la democracia, convierte sus ámbitos de decisión en un juego de ver quién tira más fuerte o por más tiempo y son una muestra de totalitarismo, ya que un grupo está convencido de ser dueño de la verdad y busca imponerse por encima de los números o los procedimientos establecidos.

¿Hasta cuándo?

Terminó ayer (o fue puesto en pausa por 4 meses, al menos) un largo conflicto entre Conaprole y su sindicato de trabajadores que, para variar, tomó de rehén al conjunto de la población. Pero esta nueva muestra de patoterismo sindical tiene una particularidad que la hace caer en el rídiculo: las medidas "sindicales" ocurren en defensa de un trabajador que fue filmado in fraganti mientras incumplía seriamente con su trabajo, entregando mercadería de la empresa sin facturar.

Aunque la justicia dictaminó que el hecho no constituía un acto criminal (y por lo tanto no procesó al acusado), el mismo siguie siendo una omisión grave en sus funciones y por lo tanto, causal de despido. A modo de ejemplo, cualquier empleado de cualquier empresa si falta un par de semanas consecutivas sin justificación, no comete un delito, pero incumple fuertemente con sus tareas y genera causal para su despido. Pero esto no es discutido ni por los mismos trabajadores. En el programa "Las Cosas en Su Sitio" Ignacio Álvarez le preguntó a un representante sindical: "¿Uds. sostienen que no hubo incumplimiento en la tarea por parte del trabajador despedido?", a lo que campantemente el dirigiente respondió: "No lo niego ni lo confirmo".

A partir de esto me surgen una infinidad de preguntas: ¿Cuál es entonces el argumento del sindicato de Conaprole (y del PIT-CNT que lo respalda) para defender lo indefendible y perjudicar al conjunto de la población en esa lucha? ¿Cuál es el rol del gobierno si no puede laudar de forma definitiva un conflicto que a todas luces surge como un capricho sindical más que una medida de lucha justificada? ¿O las soluciones tajantes son solo cuando los caprichosos son los empleadores y no los "compañeros" del PIT-CNT (que son más que eso: son votantes y hasta integrantes de las listas del partido de gobierno)?

Pero la más importante de las preguntas no es para los sindicatos ni para el gobierno. La más importante es para nosotros, el resto de la población que se ve perjudicada por una lucha que le resulta tan ajena como inapropiada. Porque esto ocurre solo en virtud de que lo permitimos, de que elegimos gobernantes que no están dispuestos a lidiar adecuadamente con la situación y no les manifestamos nuestra inconformidad.¿Hasta cuándo?